El Gobierno Nacional se ha propuesto una reforma del sistema judicial y para ello ha avanzado, apresuradamente en encontrar los mecanismos para justificarla y llevarla adelante.
Toda reforma profunda, y la Justicia lo es, sin duda que requiere de un sentido de oportunidad y consensos básicos, de lo contrario nace espuria y genera el efecto contrario al deseado.
En cuanto a la oportunidad, la reforma propuesta resulta particularmente cuestionable, en el contexto de la emergencia sanitaria y económica, no podemos gastar energías en este momento tan delicado para el país.
En un momento de crisis de salud extrema, en donde cotidianamente nos preguntamos acerca de si contamos con las camas suficientes para atender los enfermos, y en el marco de la peor crisis económica del siglo, no resulta atinado concentrar las pocas energías y recursos disponibles en la reforma judicial y mucho menos proponer la multiplicación del número de jueces, juzgados y secretarías.
No es el momento indicado para dar esta discusión que debe participar la sociedad en su conjunto en un marco de paz social que hoy se encuentra alterada.
Por otro lado, tampoco el momento político permite acuerdos básicos, por el contrario, surgen las dudas de la verdadera intención de modificar la Justicia y con ello, resolver causas judiciales en marcha, que esperan resolución conforme la libre decisión de los jueces naturales.
Antes que embarcarnos en cruzadas reformadoras, debiéramos reasegurar los postulados de la Constitución Nacional, asegurándonos que la Magistratura esté a cargo de jueces que hayan llegado al cargo por su probidad y antecedentes, libres de presiones y amiguismos y dispuestos a trabajar por una justicia independiente del poder político.
Es esa, la verdadera reforma que nos merecemos los argentinos.
