En los sectores productivos nuevamente se encienden las señales de alarma, esta vez por el proyecto del oficialismo de un «Aporte Extraordinario Solidario» -título pomposo y resonante- pero que como siempre en estos proyectos no tiene en cuenta las características productivas del país, y no por animosidad, sino simplemente por desconocimiento.
Viejas recetas, poco estudiadas, con grandes falencias técnicas y poca impronta intelectual; por decirlo fácil «flojas de papeles», tienden a repetir errores pensando que la reedición de los mismos esta vez tendrá resultados diferentes.
Propuestas como la de incremento de impuestos a las Ganancias con un aumento de alícuota al 41% sin reducir ninguna otra de las tributaciones existentes, y ahora con el Proyecto de las Grandes Riquezas que no genera nuevamente más que incertidumbres y falta de señales claras para el sector de gravar a los bienes afectados en un proceso productivo con una alícuota que va desde el 2 al 3,5% del patrimonio total de esa persona o sociedad indivisa, y que por supuesto se superpone a la tributación de bienes personales, es una clara ignorancia de cómo se genera valor desde principal proceso productivo de la República Argentina que son las cadenas agroindustriales, donde el primer eslabón de las mismas (aquel que enciende la llave del proceso productivo; ya que no se puede industrializar y comercializar lo que no se tiene) es el campo; y justamente por esta razón este mismo eslabón es el primero en mérito.
No tener presente la heterogeneidad del sector y de sus distintas cadenas puede tener consecuencias graves, como en el caso de las actividades extensivas particularmente donde el recurso tierra tiene un alto peso en el capital invertido pero que no genera una rentabilidad por sí mismo acorde a su cuantía, sino que forma parte del sustento productivo y solo aporta al proceso de producción con su «costo de oportunidad», es decir, su uso alternativo más probable que es el de alquiler y este si forma parte del proceso productivo. O en aquellas otras como las Economías Regionales donde el proceso de producción implique altas inversiones por unidad como la vid, el ajo, los cítricos, olivos y tantos otros.
Según un informe del FMI (Fondo Monetario Internacional) Argentina posee la mayor carga tributaria de América Latina con el 58%, si se suman los tres estamentos del Estado: Nacional, Provincial y Municipal. Recientemente un informe del Banco Mundial expresaba que la presión impositiva en la Argentina era la segunda a nivel global. Más allá de los informes lo cierto es que en un país donde hay más de 168 tipos de tributaciones distintas y 35,000 normativas se generan toda clase de distorsiones desde impuestos en cascada como el de Ingresos Brutos, pasando por superposiciones impositivas como la del impuesto al cheque (pagas un impuesto por pagar impuestos), hasta la falta de ajuste inflacionario en el impuesto a las Ganancias, y ahora con riego de sumar un Impuesto más, una piedra más, a la pesada mochila impositiva que lleva cualquier emprendedor de cualquier sector en el país.
Según el responsable del Depto. Económico de CRA, Matías Lestani, hoy el 77% del Ingreso del productor termina en manos del Estado, con el 23% restante el productor debe pagar todos los costos de producción, vivir y reinvertir. Las empresas crecen inversamente proporcional a los retiros (Impuestos en este caso) que se hagan de la misma, la alta carga impositiva reduce beneficios y deja menor capital para reinversión productiva, quita capacidad de buffer frente a situaciones adversas como sequías, inundaciones e incendios como se sufrieron recientemente en muchas zonas productivas, afectando la resiliencia del productor en una industria que es a cielo abierto, esto genera desincentivos productivos, una pauperización de la producción y por último el abandono y la salida del sector de es productor.
Es algo que se rubrica en las estadísticas donde la presión impositiva y los altos costos laborales pican en punta en los motivos por los cuales la Argentina tiene una tasa de mortalidad de pymes altísima y la duración promedio de las mismas es de tres años.
Nuestros representantes muy lejos de generar los mecanismos adecuados por parte del Estado, y una participación virtuosa del mismo, recurren a recetas de probada improductividad en base a las urgencias de las necesidades de financiamiento no se toman en cuenta como es el mecanismo de generación agregado de valor del sector agropecuario, en Argentina lo urgente se vuelve constante, los problemas de fondo nunca se solucionan, solo se emparchan y se ensayan paliativos que en el mejor de los casos tienen una cuestionable eficacia.
Es muy difícil de entender la impunidad de los diferentes Gobiernos frente a sus malas decisiones; para un productor, un empresario pyme, un trabajador, que ponen en juego constantemente no solo su capital, su tiempo, su esfuerzo; con la esperanza de mejorar y mejorar a su entorno, y si se equivoca responde con ese capital (que no es solo dinero, sino también tiempo de vida).
Pasan los tiempos, cambian los actores, las situaciones, la dialéctica (si era soberanía, seguridad alimentaria o solidaridad); pero la respuesta de los gobernantes sigue siendo la misma, frente a su incapacidad de solucionar los temas estructurales, y se repite en nuestra historia como si obedeciese a Leyes Naturales. Retenciones, derechos de exportación, «Aporte Extraordinario Solidario», en definitiva, más impuestos.
Esta es una de las razones por las cuales hace más de una década que no crecemos. Dicen que la experiencia es solo experiencia si se aprende de ella, Argentina choca una y otra vez con la misma piedra, o mejor dicho sigue lastrando la mochila del Estado afectando de todas las actividades productivas y no es cierto que el Estado se esfuerce porque lo que se esfuerza es la espalda productiva del país y no la mochila.
No se aprende de las experiencias exitosas de otros países y no es necesario mirar muy lejos donde las diferencias culturales o de desarrollo no se coordinan con nuestro contexto, pero si miramos que hacen nuestros vecinos, en cambio, en Uruguay los productores de leche, arroz, frutihortícolas y los ganaderos de menos de 1000 hectáreas reciben la devolución del IVA en las compras de gasoil (insumo productivo esencial en estas actividades). Los productores gozan de regímenes tributarios simplificados, la mayor parte de los insumos agropecuarios están exentos de IVA. Del Impuesto al Patrimonio (IP) quedan exentos aquellos productores que el valor de sus activos no supere los U$S 1,6 Millones. El impuesto a las Ganancias que grava al agro es mayormente el impuesto a la enajenación de Bienes Agropecuarios su tasa mayor es de 2,5%.
En el caso de Brasil, competidor mundial de importancia, a partir de la década del ‘90 con el cambio de política respecto al sector eliminando los impuestos a la exportación, que dieron como resultado una expansión en el área de producción y un aumento de la inversión colocándolos como un jugador clave en el concierto mundial. Aquí todavía se sigue focalizando el esfuerzo impositivo gravando la producción y no el resultado, esto es un criterio anacrónico, que desalienta la inversión, el desarrollo y solo contribuye a aumentar la inequidad fiscal.
Si a la hora de desarrollar proyectos de este tipo, no se tienen en cuenta las particularidades de las cadenas agroindustriales y especialmente cómo se compone el resultado económico de la producción, los incentivos para salir de los esquemas productivos de alta inversión serán muy grandes y afectarán los resultados productivos y el perfil comercial del País en el corto plazo.
Menos producción, menos granos, menos frutas, menos verdura, menos leche y menos carne. Serán los resultados inequívocos de este Proyecto de impuesto al progreso.
