Ante la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26), que se va a realizar desde el 31 de octubre en Glasgow, las entidades agropecuarias queremos manifestar nuestra preocupación ante los lineamientos presentados por el gabinete de cambio climático que no coinciden con la realidad argentina y que parten de un diagnóstico de base erróneo.
Creemos que resulta esencial que los funcionarios de nuestro gobierno consideren que la producción agropecuaria es parte de la solución al calentamiento global, y que nuestro país podría liderar la iniciativa 4×1000 capturando carbono de sus suelos en base a políticas e incentivos adecuados.
Nos ocupa y preocupa que en el marco de la Ley 27.520, en las estrategias Emisiones de Largo Plazo 2050 y Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2030 las propuestas de técnicos y funcionarios nacionales sólo sea restringir actividades, reducir el stock ganadero, limitar el cambio de uso del suelo, sin mostrar los fundamentos que llevan a estos cálculos.
Se justifican, erróneamente, alegando que son esfuerzos que se deben hacer por el bien del país, ya que las nuevas reglas de juego del financiamiento internacional exigen esfuerzos voluntarios de los países más severos, condenando de este modo el futuro de las generaciones por nacer.
Creemos en el diálogo sincero y por eso participamos en los mecanismos de discusión, pero no compartimos ni los conceptos, ni las metodologías, mucho menos los escenarios presentados por el Gabinete Nacional de Cambio Climático que condenarán a la Argentina a la desinversión y a la pobreza estructural.
Tampoco apoyamos o avalamos ninguna ponencia que sea iniciativa de Gabinete de Cambio Climático en la próxima cumbre climática.
Nos desconcierta y nos alerta que el Ministerio de Producción presente un programa de movilidad sustentable dejando de lado la economía circular y las bioenergías (biocombustibles, biomasa, biogás), principal fortaleza de nuestro país, que no es tenida en cuenta como parte de las estrategias de transición energética, la nueva ley de biocombustibles es un ejemplo.
Sufrimos las consecuencias del cambio climático, la producción agropecuaria argentina es la única actividad económica nacional que redujo sus emisiones desde 1990 a la fecha, todo esto a pesar que en nuestros inventarios de gases de efecto invernadero no se utiliza la información refinada que cuenta la Argentina y que aún no se ha aplicado el refinamiento 2019 propuesto por el IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático).
Se habla de seguridad alimentaria y de la importancia del sector agropecuario como fuente de divisas para la economía nacional, pero sólo se piensa en normativas restrictivas e impuestos al uso de los recursos naturales, para que suceda la adaptación al Cambio Climático y la transición energética se necesitan reglas claras, financiamiento adecuado, capacitación y sobre todo voluntad política que por el momento sólo se revela en la utopía de pensar que la Argentina tendrá reconocimiento internacional por sus recursos naturales y que los Gobernadores recibirán ingresos adicionales por la supuesta custodia de la biodiversidad. Sin embargo, el Artículo 6 del Acuerdo de París deja a la Argentina fuera de cualquiera de estas pretensiones.
Desde el campo estamos convencidos que somos parte de la solución y no del problema porque trabajamos en una fábrica a cielo abierto y conocemos los profundos desafíos, los riesgos y las oportunidades, sabemos de vulnerabilidad cuando sufrimos sequías, inundaciones, granizo y rotura de instalaciones por fuertes vientos.
Es posible que sean necesarias transformaciones pero si pretendemos incrementar el desarrollo, debemos hacerlo con tecnología nacional, se ha puesto el objetivo de importar tecnologías para obtener energías limpias, divisas que se irán el país en beneficio de economías extranjeras.
El verdadero esfuerzo e inversión debe hacerse en tecnologías nacionales, de procesos, de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que nos permiten producir sin alterar el potencial futuro, custodiando la biodiversidad y promueven la sostenibilidad económica, social y ambiental, generando empleo local y desarrollo integral.
