Informe de Ernesto O’Connor, economista jefe de Confederaciones Rurales Argentinas.
El proyecto de ley de Presupuesto 2024 presentado por el Ministerio de Economía al Congreso Nacional establece un déficit fiscal para 2023 de -4,4% del PIB y un resultado primario de -2,4% del PIB. Para 2024, prevé, respectivamente, -2,7% y -0,9% del PIB. Pero, dados los cambios tributarios implementados por el Ministerio de Economía en septiembre y octubre, con eliminación o devoluciones de impuestos (gran parte de Ganancias de cuarta categoría, devoluciones de IVA, IFEs para población bajo la línea de pobreza, etc), el resultado primario de 2023 terminaría, según estimaciones privadas, en torno a -2,5 ó -3% del PIB.
El proyecto de Presupuesto, en una Separata, sostiene que se puede «diseñar un escenario fiscal que exhiba un resultado primario superavitario del orden de 1% del PIB», a partir del «análisis de diversos beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios presupuestarios que favorecen, particularmente, a grandes firmas y corporaciones y que tienen un significativo impacto negativo en la sostenibilidad de las cuentas públicas por generar reducciones permanentes de recaudación». De esta manera, el PEN «invita» a los legisladores a revisar (eliminar o reducir) algunas exenciones impositivas para «mejorar» el resultado fiscal de 2024.
Estas exenciones impositivas, todas vigentes por respectivas leyes, benefician a muchos sectores productivos, y otros, directamente a la población, con objetivos de promoción productiva o de equidad. Con resultados, en algunos casos puntuales, tanto diversos como discutibles.
De acuerdo a un informe realizado por el economista jefe de CRA, Ernesto O’Connor, en cuanto al campo, existen regímenes especiales, como ocurre con otros tantos sectores productivos, que obedecen a distintas razones. El Ministerio de Economía propone que los legisladores revisen varios temas.
Uno es la exención de los inmuebles rurales en el impuesto a los Bienes Personales. Según Economía: «representa un 0,48% del PIB. Sólo con relación a inmuebles rurales localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personas residentes en el país». En este caso ya existe doble imposición entre el impuesto inmobiliario rural que cobran las provincias, y la tasa vial que cobran los municipios; establecer una triple imposición sería, además de injustificado, gravar un activo productivo, que genera inversión.
En el caso de la ganadería y el impuesto a las Ganancias, el Ministerio de Economía propone revisar la valuación de la hacienda al costo histórico, proponiendo hacerlo al valor de reposición o valor de mercado. Este análisis evidencia desconocimiento del ciclo productivo ganadero, donde el impuesto a las Ganancias se debe parar, lógicamente, al momento de la venta, y no durante la tenencia. Para una actividad ya de por si más que castigada por los derechos de exportación y por las restricciones en el comercio interior y exterior, con caída recurrente del stock vacuno, no deja de sorprender la propuesta.
En el caso del IVA, se propone revisar la exención a la locación de inmuebles rurales. En la Argentina, según la Subsecretaría de Agricultura, el 70% de la superficie agrícola se trabaja en campo alquilado y sólo el 30% por sus propietarios, con lo cual, quitar la exención sería otro golpe a la producción y a la inversión.
Por su parte, una eventual revisión de los diferenciales de alícuotas del IVA intra-cadena en algunas producciones alimenticias requiere, por lo menos, de un análisis consensuado con actores productivos, para evitar generar mayores distorsiones a las actuales.
Otra propuesta es analizar la vigencia del diferimiento de IVA de 60 días para las MIPYME. En el caso de productores con márgenes ajustados, que son muchos, sería una innecesaria complicación financiera.
Otros temas «sugeridos» para su revisión son los reintegros al comercio exterior y el reintegro de IVA a los exportadores. En caso de ser eliminadores, pueden terminar en un menor precio percibido por los productores, que, ya de por sí, no siempre acceden a estos beneficios que sí perciben los exportadores.
Por otra parte, el análisis propuesto de la exención de impuesto a las Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas, también puede afectar los precios finales que se pagan a determinados productores de economías regionales.
En definitiva, desde CRA sostenemos que la presión tributaria excesiva originada en los derechos de exportación, sumando las restricciones al comercio y el impacto negativo en la producción de la brecha cambiaria, son errores de política económica que ya han afectado sobremanera la capacidad productiva del campo, limitando enormemente su potencial productivo, de inversión y de generación de empleo.
La revisión de exenciones impositivas sólo aplicaría, si cabe, para aquellos casos – y no se trata precisamente del caso del campo- donde los beneficios no se han visto reflejados en el tiempo en materia de equidad y desarrollo. Esta propuesta de revisión de las exenciones impositivas es otra muestra de la desarticulación de la política económica.
La economía y el agro necesitan menos presión tributaria y simplificación impositiva, en los tres niveles de gobierno. En el caso del campo, estas eventuales modificaciones agravarían su situación y su aporte al país, en una economía argentina que tiene una macroeconomía ya de por sí demasiado complicada, en recesión y con una inflación de 170% anual.
