Desde CRA venimos alertando de una larga ocupación y la violencia que en ella se ha desatado muestra de manera innegable la caótica situación que ha alcanzado la ocupación ilegal de tierras, para presionar luego de haber consolidado su ocupación violenta.
Si los perjudicados son productores, el Estado y las Provincias, con pocas excepciones, se desentienden del asunto pretendiendo que ello sea un conflicto entre privados, cuando está claro, que se trata del quebrantamiento de derechos otorgados por la Constitución Nacional y que ello sucede bajo la inacción del Estado.
El que piense que este es un problema de los grandes estancieros se equivoca. El que piense que este es un problema de los extranjeros se equivoca. Y el que piense que este es un problema exclusivo de los que tienen campo también se equivoca.
Es inadmisible el silencio y la inacción de la política para con ellos, los títulos de propiedad los otorga la provincia entonces deja de ser un problema entre privados para ser un tema de Política de Estado que debe ser urgentemente atendido.
Mientras tanto, el pedido de audiencia a las autoridades gubernamentales de seguridad por parte de CRA, continúa sin respuesta.
Hacemos llegar nuestra solidaridad a todos aquellos productores que han visto desaparecer su trabajo o no tener acceso a su propio campo en mano de delincuentes.
