En una mañana muy fría y con lluvia, una excelente convocatoria de las 16 Sociedades Rurales del Sudeste Bonaerense permitió tratar la situación apremiante de la explotación del Puerto Quequén con su principal elevador, dado que en septiembre el principal elevador podría no tomar nuevos compromisos si no hay decisiones que eviten conflictos.
Con la presencia del flamante presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, los dirigentes de las entidades zonales debatieron sobre los serios problemas que generaría oportunamente la inactividad de Terminal Quequén o del avance del pliego que pretende imponer el gobernador Kicillof con una “reserva del 30 %” en el uso del principal elevador, y la puesta en garantía del Consorcio -integrado por la cadena- sobre esa misma prioridad asignada.
Si bien señalaron que puede haber problemas dentro de la cadena en la transparencia de algunos precios, los costos del puerto a debatir y otros aspectos del mercado granario, los dirigentes insistieron en que la participación de la provincia en el negocio sería – del modo que se plantea- “un salvavidas de plomo” y la protección sugerida a los productores pequeños está actualmente dada en la posibilidad de que todos exporten, como lo indica el servicio público del elevador.
En este sentido, la mejor conclusión a la que se arribó tras interiorizarse sobre el pliego oficial enviado en estos días, es que debería prorrogarse nuevamente la actual concesión para evitar la inactividad del elevador en plena cosecha fina, y debatir un pliego razonable y por consenso en el Consorcio.
Identificación Electrónica del Ganado
Si bien hubo otros temas, el “chipeo” que se rumorea de imposición obligatoria en 2025 fue parte del debate. Las Rurales le expresaron a Kovarsky que la visión regional no rechaza la implementación del sistema, entendiendo las demandas del mercado en el mundo.
Pero sostuvieron que debe contarse con toda la información de los objetivos, con la participación de entes como el IPCVA, y que en primera etapa la colocación del “chip” en ganadería no debería ser obligatorio, hasta tanto la cadena no se integre a su correcto uso y aprovechamiento, para no repetir la situación que se da con el descarte de caravanas en
frigoríficos.
