Los derechos de exportación, mal llamados retenciones, pues retención es un pago a cuenta de algo y aquí no hay nada a cuenta, es un impuesto directo. Son un impuesto nefasto.
Los distintos argumentos que se han instalado en forma directa no han dado resultado a través del tiempo y no han logrado cumplir ningún beneficio y generando un perjuicio directamente al productor.
Un productor de soja en zona núcleo está aportando U$S 87/tn, a un rendimiento de 45 qq/ha aporta U$S 393/ha en concepto de derechos de exportación.
Este productor, hoy está desfinanciado, con diversos problemas para llevar adelante su explotación y pagar sus deudas.
Hoy, el Estado se queda con un 62 % de la facturación de un cultivo de soja, y un 55 % de lo que produce la agricultura en su conjunto si tomamos los tres estamentos del Estado; Nación, Provincias y Municipios. Su participación porcentual relativa aumenta en los casos donde la rentabilidad es menor o en casos, como la sequía del 2018, y es que el Estado es un socio solo en las Ganancias y en los derechos de exportación aún peor, ya que se aplican cualquiera sea el resultado económico de la producción.
Los derechos de exportación explican el 53 % de los impuestos que recaen sobre la actividad agrícola.
La recaudación por derechos de exportación este año llegará a 6.700 millones de dólares, un 70 % superior a la del 2018, el 62 % de este total lo aporta el complejo soja.
CRA siempre estuvo en contra de estos derechos de exportación, ahora y siempre. Cuando la administración de Macri las reinstauró, para toda la exportación argentina no solo para lo agropecuario, utilizamos el término de «traidor», pues NO cumplió su palabra con el sector agropecuario.
Argentina tropieza siempre con la misma piedra y se vuelve a tropezar con mismas recetas que no han dado resultado en el pasado.
Podríamos decir que con los valores actuales de los commodities, las retenciones no son viables, pero la realidad es que son un pésimo impuesto en cualquier circunstancia.
CRA no solo anticipa el efecto nocivo del derecho a la exportación, destruyendo la posibilidad de financiar procesos de agregado de valor en origen, sumando competitividad, sino que hace un llamado a la racionalidad a fin de no detener el proceso proactivo de crecimiento e inversión.
